Comentario

El 16 de septiembre de 1394 fallecía Clemente VII: no fue ese tampoco el medio para concluir con el Cisma; a pesar de que se realizaron gestiones para que no se procediese a una nueva elección, esta tuvo lugar, recayendo los unánimes votos de los electores en Pedro de Luna, el más importante de los cardenales de Aviñón. Doctor en derecho, virtuoso, duro polemista, el nuevo Papa se compromete a lograr la unión de la Iglesia por cualquier medio, en conciencia, y, siempre defendiendo la legitima autoridad del primado.
En enero de 1395 se reunía en París una asamblea del clero de Francia que recomendaba, en términos perentorios, la aplicación de la cesión, y establecía acciones concretas contra el Papa que se opusiese. Fue comunicada a ambos Papas, sin que por parte de Bonifacio IX se emitiese respuesta alguna; Benedicto XIII reunió una comisión cardenalicia que estudió las tres vías de la universidad de París en las que halló numerosos aspectos contrarios a la autoridad pontificia.

Proponía esta comisión una solución consistente en la reunión de ambos Pontífices para la discusión directa de sus respectivos derechos y la resolución del problema. Esa sería la propuesta defendida siempre por Benedicto XIII, que la denominaría "via convenitionis". Tenía la ventaja de su relativa simplicidad y, sobre todo, era la única que respetaba la autoridad del pontificado.

A partir de este momento se ejercerán presiones sobre los Pontífices, muy especialmente sobre Benedicto XIII, empleando toda clase de argumentos, amenazas y violencias. En mayo de 1395 fue visitado por una embajada integrada por los duques de Borgoña, Berry y Orleans que pudo comprobar la solidez personal y argumental de Benedicto XIII y su negativa a cualquier solución que no fuese la "via conventionis". Sus presiones consiguieron minar la solidez del cardenalato cuyos miembros se plegaban a firmar un documento reclamando la abdicación.

Lo máximo que obtuvieron de Benedicto XIII fue una matización de la "via conventionis", que el denominó "via iustitiae". Introducía garantías de que se obtendrían resultados: ambos Pontífices discutirían sus derechos acompañados de sus respectivos colegios; si del encuentro no saliese una solución, se reuniría entonces la comisión arbitral propuesta en la "via compromissi", que decidiría por mayoría de dos tercios. Si aún así no hubiese resultados, situación que Benedicto XIII consideraba totalmente improbable, prometía someterse a cualquier procedimiento conforme a la justicia.

La embajada ducal consideró el procedimiento largo y costoso; solicitó el estricto cumplimiento del documento cardenalicio y desembocó en la ruptura, punto de partida de una adversa propaganda contra Benedicto XIII al que se acusa de incapacidad de diálogo y de ambición de poder. La embajada produjo división en el equipo gobernante francés y muy contrapuestos resultados en el ámbito internacional.

Aprovechando la nueva situación de acercamiento entre Francia e Inglaterra, la universidad de París propuso a la de Oxford que adoptara idénticos criterios de solución de cisma en la obediencia romana; la respuesta, olvidada siempre cuando se habla del inmovilismo de Benedicto XIII, rechazaba frontalmente cualquiera de las vías propuestas considerando el reconocimiento universal de Bonifacio IX como la única solución posible. La negativa de Oxford se mantendría a pesar del acercamiento franco-ingles que se va a producir, motivando un distanciamiento del Reino respecto a la postura de Ricardo II.

Por parte alemana no hubo compromiso alguno respecto a las propuestas de los duques. Enrique III y Juan I protestaron formalmente, en nombre de sus respectivos Reinos de Castilla y Aragón, por el trato dispensado al Papa. Estaban, en realidad, preocupados porque la misión se hubiese desarrollado sin su conocimiento; por eso, cuando una embajada francesa explicó al rey castellano su actuación, éste se sumó a la posición francesa en la solicitud de abdicación, aunque la postura castellana sería matizada en los próximos meses. En Aragón, en cambio, tras la muerte de Juan I (19 de mayo de 1396) accedía al trono Martín I, pariente del Pontífice de Aviñón, de quien se convertiría en defensor absoluto, negándose a cualquier solución contraria a la voluntad de éste.

Es apreciable, sobre todo en Francia, en especial en medios universitarios, una radicalización de posturas que aboga por la rebeldía frente a los Papas y por su destitución. Por su parte, Benedicto XIII enviaba sendas embajadas a su oponente en 1394, 1395 y 1396, alguna de las cuales ni siquiera era recibida, obteniendo como respuesta una negativa absoluta a la cesión, al compromiso, al concilio e incluso a reunirse con su rival para la discusión de sus derechos: sólo el reconocimiento de Bonifacio IX podía resolver la situación.

Fruto de la distensión del momento es el envío a Aviñón, en junio de 1397, de una embajada francesa, inglesa y castellana con objeto de solicitar del Pontífice la abdicación. La respuesta dilatoria que obtuvieron hizo que señalasen al Papa la fecha del 2 de febrero de 1398 como límite para que abdicara; si no lo hacía, sus respectivos Reinos retirarían la obediencia. La embajada prosiguió su viaje a Roma; obtuvo de Bonifacio IX una respuesta idéntica y le planteó el mismo ultimátum.

Los meses siguientes son de intensa actividad diplomática. Navarra y Escocia se sumaron a la demanda de cesión; Aragón se negó absolutamente y, por Alemania, Wenceslao mantuvo una postura indecisa, aunque dialogante con Francia. El temor a las consecuencias de una sustracción hace inestables las posiciones y la oposición política en Inglaterra debilita las exigencias de Ricardo II.